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Este 2017 se conmemora el 20o. aniversario del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este Acuerdo fue suscrito por 29 participantes y es de suma importancia ya que, durante estas dos décadas, ha ayudado a facilitar el crecimiento del sector de la tecnología de la información, estimulado la innovación y la propagación de nuevas tecnologías. Sin lugar a dudas, aquí y en todo el mundo, el potencial de la tecnología es innegable.

Como parte de la conmemoración de su aniversario, la OMC publicó el documento titulado “Los 20 años del Acuerdo sobre Tecnología de la Información: Estimulando el comercio, la innovación y la conectividad digital”. En él la OMC hace una revisión del impacto y repercusiones que el ATI ha tenido en el mundo, su expansión y un análisis sobre su influencia en el rol del uso de la tecnología en el desarrollo. Una de las experiencias compartidas es orgullosamente guatemalteca, Programa Valentina.

En nuestro país, el sector de tecnologías de la información está en pleno apogeo. Ha creado a más de 30 mil trabajos para los guatemaltecos, lo cual ha ayudado a mitigar los efectos negativos de la economía informal. En menos de 20 años, tan solo el sector de BPO’s y call centers, ha tenido un crecimiento de más de 3 mil por ciento y representa alrededor del 49 por ciento del sector de servicios de Guatemala. Este potencial no puede ser desaprovechado. Lamentablemente, nuestro sistema educativo se enfrenta a un sinfín de retos, uno de ellos es capacitar a los jóvenes para los empleos del mañana. Hoy, nuestro sistema atiende las necesidades del pasado, y se queda muy corto en el tema de tecnología y las nuevas destrezas que los jóvenes tienen que adquirir para unirse exitosamente a la fuerza laboral del país.

Fue con ánimos de atender estas necesidades, y de aprovechar el auge del sector tecnológico que, en 2014, nació Programa Valentina de Funsepa. Valentina capacita a jóvenes en riesgo, a través de un innovador modelo educativo enfocado en dotar a sus alumnos de las destrezas que los empleadores del sector añoran. De esta manera, los inserta en el ámbito laboral en oportunidades de trabajo dentro del sector de tecnología. Es así como el equipo de Valentina ha logrado capacitar a jóvenes guatemaltecos, y así crear una cantera de trabajadores calificados. El pasado julio, Valentina abrió oficialmente su sede ubicada en el Campus Tecnológico Tec II, con 50 jóvenes.

Sin embargo, aún hay mucho por hacer. En Guatemala, solo 163 escuelas, de un total de 34 mil, tienen acceso a Internet, y únicamente 4 mil de ellas cuentan con alguna modalidad tecnológica dentro de sus aulas. Sin duda, la brecha digital se ensancha y ello afecta a gran parte de nuestra población, en especial nuestros niños y jóvenes. Esta es una realidad que debemos cambiar lo antes posible. El aspecto fundamental sobre el cual debemos de enfocarnos es el de la “distancia” entre las competencias de cada joven y las requeridas por el empleo más cercano. Valentina busca cerrar esa distancia y define su éxito en cada joven que coloca en un empleo de valor, dónde valor equivale de dos a tres veces el salario mínimo.

ATI ayuda a dar visibilidad a nivel global a programas innovadores y exitosos, como lo es Valentina. Aplaudo los esfuerzos del equipo de Programa Valentina y Funsepa. no podría estar más orgulloso de su trabajo y de los logros que, en tan poco tiempo, ya hemos alcanzado. Es un honor que la OMC haya puesto sus ojos en un caso guatemalteco, para mostrarle al mundo lo que en nuestro país somos capaces de alcanzar. ¡Felicidades a todo el equipo!

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Según CEPAL (2013), un trabajador en la formalidad tarda 21 meses en duplicar su primer ingreso, mientras que en la informalidad tarda 45 meses.

 

Es hasta la consolidación de la revolución industrial, posterior a la revolución francesa, que la remuneración del trabajador por parte del empleador alcanza algún tipo de relevancia, entendida como un beneficio contractual derivado del libre cambio de mano de obra.  Concretamente, es hasta 1890, con la “Employers and Employees Act” que los trabajadores del estado de Victoria en Australia logran por primera vez la definición de un salario legal respaldado por la autoridad de Gobierno.

 

Derivado de este hecho, distintos movimientos han buscado establecer el monto del salario a partir de un criterio no transaccional, tomando como base estándares de alimentación mínima, condiciones del hogar, acceso a servicios e incorporación de ajustes por poder adquisitivo.  Ahora bien, es necesario profundizar sobre los efectos que tal medida ha tenido.

 

Posterior a revisar datos para 196 países, se encontró que en 122 existe alguna reglamentación sobre salario mínimo (OIT y OECD, 2015). Partiendo de esta base, se contrastó el salario mínimo vigente con los niveles de productividad para los 102 países que cuentan con información pública para ambas variables, ajustando los valores por Paridad de Poder Adquisitivo. Los resultados muestran una relación bastante fuerte y positiva entre salario mínimo y productividad, con un coeficiente de correlación cercano a 76%. Siguiendo esta línea argumentativa, para Guatemala, el salario mínimo está sobrevalorado entre un 62.64% y un 66.01% en relación con la productividad laboral actual.  En pocas palabras, según el nivel de productividad, en lugar de un salario mínimo (dato 2015) para actividades no-agrícolas de Q 2,497.04 mensuales (más Q250 de bonificación incentivo), el salario mínimo debiera ser entre Q 1,504.18 y Q 1,535.35 (más Q250 de bonificación incentivo).  Dicho de otra forma, para que los guatemaltecos ganen el salario mínimo actual, la productividad laboral tendría que incrementarse en un 60%, aproximadamente.

 

El análisis busca identificar el efecto de la imposición de un salario mínimo por encima del nivel de productividad.  Políticamente, podría decirse que la negociación colectiva ha sido exitosa con el incremento sostenido del salario mínimo en los años más recientes, incluso bastante por encima de los estándares internacionales ajustados a la productividad (mientras que en Guatemala el salario está 60% por encima de lo que se esperaría dada la productividad laboral, en México está 60% por debajo de lo que se esperaría dada su productividad laboral). 

 

Sin embargo, al revisar la información disponible para los últimos15 años (INE e IGSS), sale a luz que, de la mano con el incremento del salario mínimo, ha habido una continua reducción de la tasa de formalidad, la cual ha pasado de 23.37% en 2001 a 20.28% de la Población Ocupada en 2015.  El coeficiente de correlación para dicha serie es superior al 87%.

 

En pocas palabras, aunque el incremento del salario mínimo ha sido una victoria política, en términos reales ha sido una pérdida económica. Mientras esté en la informalidad, ningún trabajador es propietario de su salario, carece de la capacidad de exigir que se cumplan disposiciones contractuales, y pierde todo incentivo para que, ya sea él o su empleador, busquen incrementar su productividad a través de la capacitación técnica. El problema del salario mínimo es que introduce una barrera muy grande que hay que superar para alcanzar los beneficios que pretende lograr.

 

 

En recientes publicaciones de diferentes medios de comunicación, se intenta justificar un aumento al salario mínimo, equiparándolo con la canasta básica de alimentos.  Aunque es lo más loable y todos quisiéramos que las personas tengan un sustento por pago que sobrepase el costo de los alimentos, en la práctica, esto es económicamente imposible.

o soy el primero en reconocer que quisiera que el salario mínimo fuese de Q10 mil al mes, es más ¿por qué no Q20 mil?.  Sin embargo, tenemos que ser realistas.  El salario mínimo no es más que una decisión política, sin ningún sustento técnico.  Si tuviera un mínimo análisis económico tomaría en cuenta la productividad laboral y se determinaría de manera diferenciada según el territorio, porque la productividad no es homogénea en todo el país.

Veamos más allá de lo que muchos activistas que quisieran elevar el salario mínimo no ven.  Cuando analizamos la estructura productiva del país, nos damos cuenta que en la medida que nos alejamos del área metropolitana, la mayoría de sectores que dan empleo en la provincia son los sectores agrícola o comercial, y que en su gran mayoría son negocios pequeños, informales, con poca capacidad de generar ingresos.

Si solo se aumenta el salario mínimo sobrepasando la estructura productiva, lo único que se genera es el efecto contrario, desempleo, mayor incentivo a la informalidad y cierre de operaciones de los negocios en la provincia.  Esto debido a que simplemente hay actividades que no generan suficientes ingresos para absorber el salario mínimo y todos los costos que conllevan las prestaciones laborales.

Por esta razón, pensar en salarios mínimos regionales, según productividad laboral es lo más atinado a la realidad.  Se puede establecer perfectamente cuánto es la capacidad productiva a nivel territorial, que permita generar una estructura de costos eficiente según su capacidad económica.

Este tipo de esquemas funciona en muchos países desarrollados y es congruente con la Agenda Urbana lanzada por el Gobierno de Guatemala.  Ayuda a que los individuos puedan formalizarse, e incentiva a que industrias de mayor valor puedan establecerse en la provincia.

La próxima vez que escuche a alguien decir que el salario mínimo debe ser igual que la canasta básica de alimentos, contéstele: ¿por qué quieres dejar a más personas sin empleo? o cuestiónele si sabe que el 80 por ciento de la población que trabaja no tiene acceso a seguro social.  Solo así comprenderán lo dañino que son sus recomendaciones.  Hasta que no tengamos salarios mínimos regionales, seguiremos con estas ideas románticas que solo generan subdesarrollo. @jczapata_s

    


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