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Para tener más oportunidades de empleo se necesita un sistema regulatorio previsible y transparente, que facilite la atracción de inversión productiva y un clima de negocios que fomente la certeza jurídica. La evidencia presentada a través de los últimos 15 años por el Banco Mundial, a través del reporte Doing Business (Haciendo Negocios), ha demostrado que al reducir la corrupción, las artimañas burocráticas, el tiempo, costo y pasos que toma abrir, operar y/o cerrar un negocio, se estimula la capacidad económica de un país, mejorando la prosperidad y el desarrollo sostenible.

Cada año, diferentes países han tomado el informe del Doing Business para promover reformas importantes, que les permita no solo mejorar en la evaluación, sino utilizar esta información como una herramienta que mejore la transparencia y la inversión productiva. Las economías mejor evaluadas en la edición 2018, titulada precisamente “reformando para crear empleos” son: Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Corea del Sur y Hong Kong. En el caso de América Latina, los avances realizados por los Ministerios de Economía y entidades encargadas de la competitividad de cada país, han logrado que México, Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, lideren el ranking.

Guatemala, cuenta con una evaluación de 61 puntos y está ubicada en la posición 97 de 190 países analizados. Es importante resaltar que el Ministerio de Economía, Pronacom y el Congreso de la República, han tomado el liderazgo en impulsar una serie de reformas económicas importantes, que seguramente tendrán un impacto positivo en la evaluación 2019. La reforma a la ley del registro de garantías mobiliarias, la ley de factoraje, la convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y la reforma al Código de Comercio, ayudarán a mejorar el indicador y crear un clima de negocios más atractivo para la inversión.

 

Otras reformas pendientes que podrían hacer que Guatemala siga avanzando son: la iniciativa 4896 Ley de Leasing, la aprobación del préstamo para el Programa de Transparencia y Eficiencia de la Administración Tributaria (iniciativa de ley 5265), la Ley General de Infraestructura vial (iniciativa 5431), la Ley de Estabilidad Jurídica a la Inversión (iniciativa 5396) y la iniciativa 5416 Ley de Consulta a Pueblos Indígenas, conforme el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las mejoras de los países en el indicador del Doing Business, son bien recibidas también por las calificadoras de riesgo como Fitch, Moody´s y Standard & Poors, así como las evaluaciones que realiza la OCDE y resultan en tasas más atractivas para los préstamos que se realizan desde esos países que han ido avanzando con reformas sustanciales, por lo que mejorar en el índice, no solo se vuelve en una herramienta importante de venta para la atracción de inversión, sino también generan un impulso positivo en la economía.

Por ello, cada vez más organizaciones están promoviendo positivamente las reformas de la agenda del Doing Business, ya que permite establecer políticas públicas con resultados medibles y cuantificables para los países. La lucha contra la corrupción está plenamente alineada a los objetivos de reforma que impulsa el Doing Business, ya que los tres indicadores peor evaluados para Guatemala sobre protección de inversionistas minoritarios, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencias, claramente están requiere generar mejores prácticas de gobierno corporativo, que promuevan la ética y la transparencia en los negocios.

@jczapata_s

  

Hace tres años Fundesa comenzó un proyecto pequeño en el Municipio de San Pedro Carchá, al inicio apoyado por la Hidroeléctrica Renace, para establecer una mesa de competitividad local en el municipio.  Luego de varios foros y talleres, en los que se presentaron las acciones más importantes que la alcaldía, empresarios locales y representantes de la sociedad civil, podían trabajar de la mano para aumentar la productividad, se integró diputados distritales y representantes de Gobierno que tienen presencia en Alta Verapaz para focalizar esfuerzos conjuntos de desarrollo.

A través de la metodología del índice de competitividad local, desarrollada por el Consejo Privado de Competitividad, se estableció una agenda de trabajo que priorizaba cuatro aspectos: el potencial productivo, el empleo y los ingresos familiares, los servicios de salud y las instituciones que promuevan la gobernabilidad.

El esfuerzo generado para integrar a diferentes actores de la sociedad ha dado frutos positivos, hoy se tiene el Consejo de Competitividad de Alta Verapaz, que ha sido capaz de establecer un diálogo importante con las autoridades, para incrementar la formación técnica en el departamento y lograr establecer un Intecap. Un acercamiento con las autoridades del IGSS, para que se logre abrir un hospital en Cobán y con instituciones como Aeronáutica Civil y el Inguat, para mejorar la pista aérea y poder tener más turismo hacia el departamento.

Lo que comenzó como un apoyo solo para el municipio de San Pedro Carchá por parte de Hidroeléctrica Renace, ahora se ha convertido en un programa de transformación social, que ha logrado un enfoque en la Agenda de desarrollo urbano para el departamento. A través del programa, se ha apoyado la conformación de la Mancomunidad de Alta Verapaz (MancoVerapaz) que ha integrado a cuatro municipios: Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz. 

El trabajo conjunto de los alcaldes en generar proyectos de desarrollo de mayor escala, aunado al acompañamiento del Consejo de Desarrollo Departamental y los diputados distritales de Alta Verapaz, está teniendo un impacto positivo en la atracción de oportunidades hacia el departamento. Nuevas inversiones por más de US$50 millones de dólares ya se están estableciendo en los municipios, aportando a crear más de 1200 nuevos puestos de trabajo y dinamizando la economía hacia sectores de construcción, servicios y un aumento de la industria creativa del departamento.

Estas acciones, acompañadas a la inversión que el organismo Ejecutivo está desarrollando en infraestructura, así como el trabajo conjunto de las municipalidades de invertir en centralidades, la mejora del patrimonio urbano, el transporte y la movilidad, el hábitat, los espacios públicos y la producción, está logrando que se genere un ecosistema positivo para incrementar la industria de servicios y que con ello se incrementen los ingresos y la productividad en Alta Verapaz.

Este esfuerzo, ya no solo cuenta con el apoyo de hidroeléctrica Renace, quien comenzó aportando para este proyecto, sino también se trabaja de la mano con Tabacalera Centroamericana, para aumentar la capacitación técnica y la formación hacia la promoción del emprendimiento, más capacitación hacia promover la industria naranja y la creación de movimientos urbanos que promuevan el arte, la cultura, centros de esparcimiento familiar y nuevos mecanismos de interacción que permitan aumentar el número de espacios multifuncionales de diferentes escalas, para permitir intercambios colectivos.

@jczapata_s

 

Cuando hablo de competitividad, algunos rápido creen que solo estoy refiriéndome al tema económico y otros lo confunden con competencia.  De hecho, en el caso de Guatemala tenemos un Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) que depende de un Ministerio de Economía, como si la temática solo se tratara de comercio y clima de negocios.  En la práctica, al hablar del desarrollo competitivo de un país, estamos profundizando en un análisis de sus instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud, la educación, la capacitación laboral, la educación superior, la eficiencia de los mercados, eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del mercado financiero, la preparación tecnológica, el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios y la innovación.

Por ello, con todas las limitantes que esto genera por ser una temática tan amplia, debemos reconocer que el trabajo que realiza Pronacom es sumamente importante. Debe relacionarse con varios ministerios, secretarías y entidades descentralizadas a la vez, sin tener la capacidad ejecutiva de cambiar los presupuestos o partidas en las que cada organización decida invertir.

La evaluación más utilizada para comparar a los países respecto a los factores, políticas y procedimientos que inciden en la productividad, a través de lo que denominamos competitividad, es realizada por el Foro Económico Mundial (FEM), una organización con sede en Ginebra, Suiza, que se dedica a la investigación y generación de propuestas de solución a los problemas del mundo, que luego entidades similares pueden usar como base en cada país. A través del índice de competitividad global, se puede evaluar a 137 economías, por mencionar un ejemplo.

En el informe 2017-2018 para el caso de América Latina, países como Chile (posición 33), Costa Rica (54), Panamá (50), México (51) y Colombia (66) son los cinco países más competitivos de la región. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que no existe ningún país de Latinoamérica dentro de las 30 economías más competitivas del mundo, algo que debe hacernos reflexionar sobre si estamos haciendo bien las cosas, con todas las oportunidades que tenemos.

En los últimos años, el sudeste asiático y el Medio Oriente están teniendo avances importantes en su capacidad productiva. Personalmente he visto con especial atención a Singapur, Japón, Malasia, Israel y Emiratos Árabes, países que han aumentado rápidamente su competitividad, ayudando con esto a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de su población.

En el caso de Guatemala, pareciera que todavía no existe una comprensión por parte de todos los organismos del Estado de la importancia de promover la competitividad del país. Aunque hay que reconocer el esfuerzo del Congreso de la República por aprobar iniciativas que llevaban años de haberse planteado y que van a mejorar nuestra evaluación. Nuestro país está en la posición 84 entre los 137 países analizados por el FEM, por lo que todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo para implementar de manera transversal la Política Nacional de Competitividad en todas las instituciones.

Si no somos conscientes de que la única manera de competir en un mundo globalizado y generar mayor inversión es aumentando la competitividad, nos vamos a tardar más en reducir la pobreza. Tenemos que enfocarnos en que lleguen las mejores personas a las instituciones públicas, que implementen políticas públicas coherentes, mediante procesos transparentes y en donde la opinión pública y la ciudadanía demande los cambios necesarios para seguir avanzando.


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