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En el 2012 Guatemala se convirtió en el último país en la región en elevar el mínimo de años requeridos para la formación inicial docente, adicionando dos años. A partir de ello, los aspirantes a maestros cursarían durante dos años un Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación y luego tres años un profesorado a nivel universitario. La Corte de Constitucionalidad (CC) amenaza con revertir este avance. Habrá quienes argumentan que no debemos dar este paso porque no existen capacidades a nivel universitario para atender ciertas consideraciones. La respuesta a este argumento es: generemos estas capacidades en lugar de regresar a un modelo insatisfactorio.

 

Como padres de familia, estoy seguro que cada uno de nosotros se cuestiona el encomendar la responsabilidad de nuestros niños a una persona con poca formación. Devolvernos a un modelo insuficiente, ni siquiera debería de estar en consideración. Si a la CC no le gusta cómo este modelo está siendo implementado, en todo caso, se debería analizar cómo mejorar su ejecución y no ser cómplices de un modelo disfuncional. Me pregunto, ¿por qué le tenemos tanta aversión al cambio y al progreso como país?

 

 

En las últimas décadas, la mayoría de los países del mundo ha buscado la forma de dignificar y elevar la profesión docente, impulsando mejoras a los procesos de reclutamiento, selección y formación inicial. Esos países han reconocido que el docente representa la variable vinculante de la calidad educativa. Sin buenos maestros, difícilmente nuestros niños pueden acceder a una buena educación. Por ejemplo, en países como Singapur y Finlandia ser maestro es uno de los honores más grandes. En Singapur existe el Instituto Nacional de Educación, entidad encargada de formar a los futuros maestros, de establecer la estructura del currículo nacional y de llevar a cabo constante investigación educativa. En Finlandia, la mejora de la carrera docente ha sido un proceso que viene desde hace más de 50 años. Desde los años setenta, ellos se han empeñado en que los programas de formación docente sean exclusivamente de nivel universitario. Trabajan con 13 universidades, de las cuales cinco son exclusivamente pedagógicas. Hoy estos países lideran los rankings educativos.

En cuanto a la región, vemos diferentes escenarios de formación docente, aunque todos superiores en exigencias de lo que se pretende implementar en Guatemala. En la mayoría de países, esta está a cargo de Universidades Pedagógicas (México y Colombia) o es exclusiva de Universidades (Chile). Además, también hay otros modelos que se basan en Institutos Terciarios, cuyo sistema es igual al de una universidad (Bolivia y Ecuador). Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Contamos con un sistema que profesionalice a los futuros docentes?

En Guatemala, la reforma educativa ha recorrido un largo y difícil camino. En 2009 inició un trabajo de diálogo y análisis en la mesa de Formación Inicial Docente, para impulsar cambios trascendentales en el sistema. Fue hasta 2012 cuando el Mineduc resolvió preparar a los docentes a un nivel universitario. Esta medida iba de la mano con las mejores prácticas educativas en todo el mundo. En su momento, muchos pegaron el grito en el cielo y se vivieron fuertes tensiones en el medio. Fue difícil, pero los cambios en la formación docente fueron implementados. Se arriesgan los avances ya alcanzados ante una resolución de la CC, por un recurso planteado por la Escuela Normal de Santa María Nebaj, un amparista de dudosas cualidades. Esta escuela en particular, no ha tenido los mejores resultados en las pruebas de diagnóstico efectuadas por Digeduca. Los estudiantes en 2016 obtuvieron 6.96 por ciento de logro en lectura y 0.48 por ciento en matemáticas, ¿cómo entonces pueden recibir educación de calidad los niños de Nebaj, si quienes serán sus maestros no cuentan con habilidades mínimas en lectura y matemática? ¿acaso la solución está en regresar a las prácticas del pasado?

Que enorme distracción para el proceso de reforma educativa el que tengamos que volver a discutir estos temas previamente agotados. El mundo está viviendo enormes fuerzas disruptivas y nuestro modelo de educación debe, no solo renovarse, sino que cambiar en una forma dramática y con sentido de urgencia. En lugar de ello estamos teniendo el mismo debate del modelo educativo de los 1900, como si hubiese funcionado o siguiera siendo relevante. Estoy seguro que todos los guatemaltecos aspiramos a una educación accesible y pertinente. Recordemos que una educación de calidad es la única forma de acabar con el círculo vicioso de pobreza, pero ¿es acaso una educación de calidad a lo que estamos apuntando con estos retrocesos?

www.salvadorpaiz.com

@salva_paiz

   En el eterno debate de las redes sociales, surgió la gran pregunta ¿cómo redirigir los recursos públicos a los departamentos más pobres? Para intentar ser más claro usaré el ejemplo de Alta Verapaz (el departamento con mayor pobreza en el país). Existe un tema claro, la desigualdad de oportunidades entre alguien que nace en el municipio más pobre de Alta Verapaz, Santa María Cahabón (93.8 por ciento de pobreza) y una persona que nace en Ciudad de Guatemala (6.3 por ciento de pobreza). 

Según los datos publicados por Fundesa, la productividad por persona en Santa María Cahabón es de US$1,940.78 al año, comparado con alguien de Guatemala, en donde la productividad es de US$10 mil 154.89. Está claro que será una tarea casi imposible querer llevar recursos generados por impuestos a Santa María Cahabón, especialmente para elevar su productividad. Esto, no nos quita la obligación de invertir lo mínimo en: salud primaria, educación, electricidad e infraestructura, para que migren a la ciudad intermedia de Cobán.

Cuando vemos la agenda de desarrollo urbano que presentó el Estado y el concepto de ciudades intermedias que se ha desarrollado a través de las investigaciones del Ministerio de Economía, Banco de Guatemala, Segeplan, Pronacom, Infom, Anam, Fundesa, CABI y otras, concuerdan que es necesario que aumente la inversión del Estado en la ciudad intermedia del nodo regional de Cobán, (que incluye los municipios de: Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, Tactic, Santa Cruz Verapaz y San Cristóbal Verapaz). Este nodo, reúne a 712 mil 697 habitantes, con una productividad promedio de US$2 mil 748.53.

El gran desafío entonces es ¿cómo dejar de estar invirtiendo recursos públicos en otros nodos como el de Guatemala, que bien podrían tener más inversiones privadas a través de figuras como las APP y redirigir los recursos públicos para aumentar la productividad del nodo regional de Cobán?.  Cuando hablamos de que la población del nodo regional de Cobán se estima que al año 2032 será cerca de 1.5 millones, todos debemos estar pensando en un mejor modelo de redistribución de los recursos públicos hacia los nodos más pobres, que van a tener mucha población y que esa inversión sea más focalizada hacia elevar la productividad.

 El reto entonces es que todos nos sumemos a exigir un cambio de mentalidad en las autoridades de Gobierno para que prioricen las necesidades humanas de desarrollo, con un enfoque de reducir la pobreza, a través de un rol subsidiario de invertir más recursos en las ciudades intermedias con poca productividad, en vez de seguir regresando los recursos del Estado a donde vivimos los capitalinos.  @jczapata_s

           

Han pasado dos años desde que un grupo amplio de guatemaltecos alzó la voz en contra de la corrupción; pero no es suficiente si queremos desarrollo.

 

Una visión vetusta de la función pública centra su atención solamente en cuánto se gasta y en que hay que gastar más.  Son pocos quienes consideran la palabra inversión en lugar de la palabra gasto, pero, aun así, el énfasis es en trasladar recursos para atender las demandas ciudadanas.

 

La expresión pública en contra de la corrupción que se hizo evidente en la gestión de algunos funcionarios fue un llamado hacia constatar que la gestión pública sea transparente.  Ahora bien, más allá de la transparencia, una gestión pública moderna debe considerar dos componentes más que hacen parte de la fórmula que garantiza que el actuar del Gobierno se traduzca en la generación de Valor Público, uno de los conceptos más importante en la concepción de la Gestión Pública para Resultados de Desarrollo (GpRD).  Estos componentes son la Pertinencia y la Eficiencia.

 

En cuanto a la Pertinencia, el punto clave es hacer lo que hay que hacer.  En un mundo de innumerables necesidades, la función pública debe ser capaz de priorizar las demandas ciudadanas y ordenarlas según cada una permita desencadenar beneficios conexos. ¿El Estado debe hacer de todo? Probablemente no; sin embargo, debe estar muy claro lo que efectivamente constituye una responsabilidad del Estado delegada a funcionarios específicos a cargo de la gestión pública.

 

La Eficiencia es un concepto mucho más común de escuchar y leer en análisis sobre la gestión pública nacional.  Hacer referencia a que no sólo importa hacer bien las cosas, sino asegurar que es la mejor opción dentro de las opciones posibles.  Reconociendo que las necesidades siempre excederán la capacidad de captar recursos para satisfacerlas, la gestión pública debe considerar los caminos viables para hacer lo mismo con menos recursos, hacer más con los mismos recursos, o incluso, hacer más con menos recursos.

 

Por último, la transparencia hace alarde de mostrar lo que se hace, pero mucho más importante, corroborar que se hizo lo que los funcionarios públicos se comprometieron a hacer. No sólo implica mostrar lo que se hace, sino certificar que normas, procesos, decisiones, y adjudicaciones se hagan de conocimiento público y en estricto cumplimiento de la ley.

 

La GpRD alude a que el objetivo de la gestión pública es agregar valor a la población, lo cual se traduce en resultados en materia de desarrollo. Conceptualmente, es sumamente enriquecedor vislumbrar la función pública como la suma de la Pertinencia, la Eficiencia y la Transparencia.  Pero además del concepto, esfuerzos recientes han procurado medir cada uno de estos componentes como factores esenciales en la generación de valor público.

 

Según datos 2015, Guatemala cuenta con una evaluación de 25.64 sobre 100 en cuanto a la generación de Valor Público, como resultado de tres mediciones: 19.88 en Pertinencia, 28.90 en Eficiencia, y 28.14 en Transparencia. Para 24 países en el continente, Guatemala ocupa la posición ocho, habiendo países con evaluaciones superiores como es el caso de México, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Uruguay, por mencionar algunos.

 

Estos datos, pendientes de actualizarse, invitan a reflexionar sobre el esfuerzo que se ha realizado.  Es indiscutible que hay una línea clara de acciones encaminadas a mejorar la transparencia, más allá de sólo combatir la corrupción; no obstante, no salen a la luz esfuerzos que estén orientados a mejorar las otras dos áreas que son de vital importancia para lograr una gestión pública moderna.

 

Jorge Benavides

Director Ejecutivo – Consejo Privado de Competitividad

Twitter: @JBENAVIDES9

 


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