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La información pública es la piedra angular de la gestión pública, ya que es a partir de ella que se toman las decisiones sobre el desarrollo de los ciudadanos.

 

Por marginal que parezca, debiera ser incuestionable la relevancia que tiene en cualquier democracia moderna la generación de información estadística confiable, oportuna, práctica, transparente y asequible.  Las decisiones más importantes del país recaen en la calidad de los datos públicos disponibles.

 

Es impresionante cómo la tecnología ha impulsado de forma acelerada la capacidad que hoy se tiene de manejar gran cantidad de información, con actualizaciones en tiempo real y prácticamente a escala global. Hoy vivimos en un mundo de abundancia en cuanto a información estadística, pero seguimos recayendo en la institucionalidad pública para que un dato se vuelva “oficial”.

 

Traigo a colación esta reflexión en ocasión de la actualización que el INE ha hecho de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En primer lugar, hago un reconocimiento al esfuerzo de los equipos técnicos por brindar información actualizada y sustentada en metodologías sólidas y respaldadas por instituciones de vanguardia a nivel mundial. En segundo lugar, hago un llamado a manifestar un categórico rechazo a las posturas que buscan seguir en el error. 

 

El INE ha dado un paso adelante reconociendo el error estadístico que se acumuló por casi una década en el cálculo de la CBA, lo cual ha significado un trago amargo para quienes, dentro de la institución, hoy en día reconocen cómo una decisión política pudo afectar la rigurosidad del trabajo técnico, habiendo podido tener implicaciones serias en temas como la definición de la Política Monetaria, el cálculo del Salario Mínimo, la medición de la Inflación, la estimación de la Pobreza, y el costo del acceso al Crédito, por mencionar algunos temas.

 

No quiero entrar en detalle sobre las consideraciones que han sido expuestas en foros de discusión organizados por el INE con equipos técnicos procedentes de las más amplia diversidad académica y profesional.  Tampoco quiero señalar las correcciones que aún quedan pendientes por hacerse. El punto donde quiero poner el énfasis se relaciona con la postura expresada por algunos sectores y líderes de opinión, empleando el discurso político para contravenir la evidencia técnica que respalda la decisión tomada por el INE, aunque la misma de momento haya dejado por fuera la revisión de las demás canastas que se ven afectadas por la consignación que se hace de los precios de los alimentos.

 

Cuando los argumentos carecen de sustento, se vuelven meras opiniones cargadas de saña y desdén, poniendo de manifiesto la afectación de intereses particulares. Sin capacidad de refutar las evidencias, se ha procedido a proferir acusaciones bajo sospecha de manipulación política de las estadísticas.  Con el pretexto de negar que haya habido errores en la estimación del Salario Mínimo, la Inflación o la Pobreza, quienes discrepan prefieren seguir bajo la sombra de un error estadístico antes que reconocer las cifras oficiales corregidas. Un error no desaparece ignorándolo. No obstante, se ha llegado incluso a la solicitud de interponer recursos de Amparo para dejar sin efecto la corrección realizada por el INE.

 

En defensa de la transparencia, no podemos dejar que el proceso de revisión de las estadísticas nacionales sea impedido por quienes desean evitarse el trago amargo. Los profesionales honestos tenemos como tarea demostrar el error de quienes quieren hacer propia la famosa frase de Joseph Goebbles, “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.

 


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