PALABRAS DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, ANDRÉS PASTRANA, EN LA QUINTA EDICIÓN
DEL ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRESARIOS, ENADE
2008
Ciudad de Guatemala, 14 de octubre de 2008
Apreciados amigos empresarios de Guatemala:
He aceptado la invitación para participar en esta quinta edición
del Encuentro Nacional de Empresarios de Guatemala, ENADE
2008, con una inmensa complacencia.
Guatemala y mi país, Colombia, han sido, por tradición, naciones
cercanas y amigas, cuyas relaciones han estado presididas por
un ambiente de fraterna colaboración.
Nuestros pueblos han sufrido las atrocidades de la violencia pero
han sabido, también, superar su doloroso legado para construir
una realidad promisoria y llena de esperanza.
Nuestras naciones son herederas de ancestrales culturas
indígenas y orgullosas guardianas de la herencia hispana. Hoy
son un ejemplo de democracias vivas y operantes, que buscan
llevar a sus gentes a un horizonte de progreso y justicia social.
Me siento muy honrado de estar en esta tierra que albergó la
avanzada cultura Maya y que ha dado al mundo creadores de la
talla de Miguel Ángel Asturias, cuya obra cumbre, “El Señor
Presidente”, nos enseñó desde muy jóvenes, cuando acometimos
su lectura, el prototipo del gobierno que queremos desterrar para
siempre del escenario de América Latina.
Hoy vengo como amigo de ustedes, en mi condición de
latinoamericano y ex mandatario de Colombia, a compartir, de
manera abierta y clara, experiencias de gobierno y reflexiones
que, -si bien nacen de mis propias vivencias y del proceso que ha
vivido mi país- pueden aplicarse a países que, como Guatemala,
también transitan el derrotero de consolidar su democracia,
derrotar definitivamente la violencia e integrarse al mundo
globalizado con competitividad que garantice su desarrollo.
La paradoja de Colombia.
En diversos escenarios internacionales, interlocutores o amigos
me hacen a menudo la misma pregunta: ¿Cómo es posible que
Colombia, con ese problema de violencia y de narcotráfico que ha
sufrido por varias décadas, se mantenga, sin embargo, como una
democracia fuerte y una de las economías más sólidas del
continente?
En verdad, parecería que Colombia encarnara una paradoja
gracias a la cual, a pesar de tener que lidiar con inmensos
problemas, hemos logrado importantes avances a nivel político,
económico y social.
Es más: en las diferentes encuestas y estudios que con
frecuencia se realizan para medir la felicidad de los pueblos, los
colombianos ocupamos casi siempre el primer o el segundo lugar
como la gente más feliz del planeta.
Debe haber incontables explicaciones culturales o sociológicas a
esta situación. Yo, sin embargo, desde mi análisis, adjudico esta
estabilidad y esta visión optimista a la adecuada continuidad de
políticas que ha tenido nuestro país desde 1958, -cuando un
Frente Nacional bipartidista puso fin a la única y breve ruptura
democrática que tuvimos en el siglo XX-, y, muy especialmente,
en la última década, desde el año 1998.
Carlos Fuentes resaltaba en una conferencia el contraste que se
da en nuestro subcontinente entre la continuidad que denotan
nuestras culturas y la discontinuidad en el campo político y
económico.
Decía el intelectual mexicano, refiriéndose a América Latina:
“Nuestra vida política y económica es la historia de múltiples
fracturas, una tras otras. En cambio nuestra cultura no las sufre,
es una línea continua y en ascenso, en la que el pasado se va
acumulando, añadiendo al presente y proyectando al futuro, lo
que es, finalmente, la función de la cultura y que nunca nos ha
fallado. Incluso en países que han atravesado tremendas crisis,
se ve que la cultura ha seguido floreciendo (…). ¿Cómo trasladar
esa continuidad y vigor a la vida política y económica? Ese ha
sido un gran problema interno de América Latina”.
En efecto, si de algo han adolecido los países de la región es de
continuos cambios de regímenes y de políticas, que impiden tener
unas instituciones fuertes, un manejo económico estable y
políticas sociales efectivas.
Si con cada cambio de gobierno hacemos “borrón y cuenta
nueva” con los programas y proyectos del anterior, o expedimos
una nueva constitución al antojo del gobernante de turno, mal
podemos los latinoamericanos aspirar a atraer inversión
extranjera, -y con ella empleo y desarrollo-, o a adelantar
esfuerzos de largo aliento en infraestructura y competitividad.
Permítanme referirme con mayor detalle al caso de Colombia, del
que podemos extrapolar conclusiones y enseñanzas aplicables a
Guatemala y a los demás países de la región:
¿Cómo hemos encontrado, en la última década, esa necesaria
continuidad en aspectos tan cruciales y delicados como la
búsqueda de la paz, la lucha contra el narcotráfico, la política, la
economía y lo social?
La búsqueda de la paz.
Muchos de ustedes recordarán que durante mi gobierno se
adelantaron los más grandes procesos de paz con las guerrillas
de las FARC y del ELN en la historia del país.
Desmilitarizamos, de acuerdo con la Constitución y la ley, y con el
consenso de toda la nación, un importante territorio en la región
suroriental del país, para que allí se llevaran a cabo las
negociaciones que condujeran a la desmovilización de las FARC.
Fue un esfuerzo sin precedentes, en el que participaron todas las
facciones políticas, el sector privado, la academia, organizaciones
no gubernamentales y, -algo muy importante-, la comunidad
internacional, a través de entidades multilaterales y de por lo
menos 27 países, incluido el Vaticano, que acompañaron las
distintas instancias del proceso de paz.
Los colombianos somos un pueblo amante de la paz, y lo que
intentamos durante mi gobierno lo hicimos en cumplimiento de un
mandato preciso y multitudinario entregado por el pueblo, cuando
en octubre de 1997 más de 10 millones de ciudadanos votaron el
llamado “Mandato por la Paz”, ordenando a su próximo
gobernante -que fui yo- que buscara la paz con las guerrillas
mediante el diálogo y la negociación.
¿Era éste un clamor nuevo en el país? No. Como ya dije, nuestra
tradición ha sido siempre pacifista. Por décadas los diferentes
gobiernos habían constituido mesas y comisiones de paz, y
habían intentado el diálogo con los subversivos, con mayor o
menor éxito.
El mayor esfuerzo de paz con las FARC, previo al de mi gobierno,
lo había hecho el presidente Belisario Betancur entre 1982 y
1985, y luego hubo un nuevo intento, sin mayores avances, bajo
el gobierno de César Gaviria, a comienzos de la década del
noventa.
Procesos con otras guerrillas fueron exitosos, y es así como, bajo
los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, se logró la
desmovilización e integración a la vida civil y política del grupo
guerrillero M-19, del Ejército Popular de Liberación -EPL- y de
otros grupos menores.
Quedaron las FARC y el ELN, que, nutridos por los ingentes
recursos del secuestro y, sobre todo, del narcotráfico, creyeron,
con arrogancia y falta de visión, que podrían someter algún día a
la nación colombiana a sus designios, y desaprovecharon la
mano tendida que la sociedad les tendió durante mi gobierno,
optando por el cruel sendero del terrorismo.
Ellos no escucharon, ¡no quisieron escuchar!, el clamor de un
pueblo cansado del terror y de la infamia.
No se puede construir paz si antes no limpiamos los corazones.
Lo digo, no ya como ex mandatario, sino como un ser humano
que sufrió en carne propia el suplicio del secuestro, cuando fui
raptado y mantenido en cautiverio, en 1988, por órdenes del
temido capo Pablo Escobar. También mi esposa ha sufrido el
secuestro y asesinato de sus seres más cercanos. Sin embargo,
este dolor no lo hemos canalizado en deseos de venganza y
retaliación, sino en la convicción de que la paz es un imperativo
que no podemos dejar de buscar. Ésta es una realidad que
compartimos con millones de colombianos que sufrieron y aún
sufren los estragos de la violencia.
Los procesos que lideré durante mi administración no llegaron al
puerto deseado de la paz, pero sirvieron para desenmascarar a
las guerrillas ante la opinión pública nacional e internacional en su
verdadera dimensión, como grupos terroristas y narcotraficantes
extraviados de cualquier norte ideológico.
¡Esa ha sido la mayor derrota política de toda su historia!
Hoy por hoy, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe,
subsiste la figura del Alto Comisionado para la Paz, y, si bien no
se han concretado nuevas opciones de diálogo con la guerrilla, la
sociedad y el gobierno seguimos abiertos a una solución política
que ponga punto final al conflicto armado, siempre que haya
verdadera voluntad de paz por parte de los grupos ilegales.
Con este rápido recuento, queda patente la continuidad que
hemos tenido en el último cuarto de siglo en la búsqueda de la
paz en Colombia.
Algunos apuntan a considerar mi gobierno y el del presidente
Uribe como opuestos en materia de políticas de paz, porque yo
lideré un proceso de diálogo y negociación y él ha aplicado una
política de confrontación directa.
No es cierto. Cada cual respondió a las necesidades y
circunstancias de su tiempo. En 1998, el mandato popular
ordenaba buscar la paz a través del diálogo, y así lo hicimos, con
sinceridad y voluntad. Pero nunca claudicamos en la
confrontación militar con la guerrilla por fuera de la llamada “Zona
de Distensión”, que ocupaba menos del 1% del territorio nacional.
Y cuando la actitud terrorista de la guerrilla obligó a la terminación
del proceso de paz, y fui yo el que las denuncie y las hice incluir
en listas internacionales de terroristas de Estados Unidos y de
Europa.
El presidente Uribe respondió a estas nuevas circunstancias, y al
clamor del pueblo colombiano contra la subversión, y le ha
asestado contundentes golpes estratégicos a las FARC, -
incluyendo la famosa Operación Jaque que permitió la libertad de
Íngrid Betancourt, 3 norteamericanos y 11oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Armadas-, sin desistir por ello de mantener abierta
la opción del diálogo.
Hoy la guerrilla está debilitada, pero no derrotada todavía, y es de
esperarse que, -tal como ocurrió en Guatemala en 1996, con los
auspicios de las Naciones Unidas-, también en Colombia, más
pronto que tarde, las FARC y el ELN entiendan que las ideas no
se pueden imponer por el terror y la violencia, y lleguemos a la
paz negociada que por tantos años hemos buscado en nuestro
país.
El Plan Colombia
A comienzos de mi gobierno, en 1998, decidi reunir las
estrategias de paz, de lucha contra el narcotráfico, de
fortalecimiento de las instituciones, en especial de nuestras
fuerzas armadas y de inversión social en un plan integral al que
denomine “Plan Colombia”.
Muchos piensan que el Plan Colombia fue simplemente una
alianza militar de nuestro país con los Estados Unidos para
combatir el negocio de las drogas ilícitas, pero realmente fue
mucho más que eso.
El Plan Colombia –tal como lo diseñe en mi Gobierno- fue
inicialmente un plan de 7.500 millones de dólares, de los cuales 5
mil millones correspondían a aporte nacional de Colombia y 2.500
millones a aportes de la comunidad internacional.
Si bien Estados Unidos fue el principal participante, no fue el
único. Entidades como las Naciones Unidas, países de la Unión
Europea y otros, como Canadá, Japón, Noruega y Suiza
comprometieron importantes recursos para apoyar el proceso de
paz, ayudar a las víctimas del conflicto, promover programas de
protección de los derechos humanos, proteger el medio ambiente
y estimular la constitución de “laboratorios de paz” en zonas
afectadas por la violencia.
El Plan Colombia implicó un importante fortalecimiento de las
Fuerzas Armadas, de la justicia y en general de las instituciones
democráticas y permitió construir gobernabilidad en las regiones
más distantes.
También fue un Plan comprometido con la inversión social. De los
7.500 millones de dólares, 900 millones fueron destinados a
programas de alto impacto social como “Familias en Acción”,
“Jóvenes en Acción”, “Obras para la Paz” y “Empleo en Acción”,
entre otros, destinados a combatir la pobreza y a generar trabajo
y oportunidades,los cuales hoy son la bandera social del gobierno
del Presidente Alvaro Uribe.
Algo muy importante sobre la cooperación que logramos de
Estados Unidos ha sido su carácter bipartidista. Esta cooperación
fue iniciada durante el gobierno Clinton y fue continuada por el
gobierno Bush, porque el Plan Colombia fue aprobado con el
consenso de los dos partidos políticos de dicho país, y sigue
gozando del apoyo de ambos.
Además, por primera vez, los fondos estadounidenses no llegaron
únicamente en la forma de helicópteros y asesoría militar, sino
que se destinaron también a programas sociales, como los
mencionados anteriormente al igual que a los de sustitución de
cultivos ilicitos y desarrollo alternativo, que abrieron nuevas
oportunidades a los campesinos colombianos para que
abandonaran el cultivo de la coca y amapola.
¿Qué pasó con el Plan Colombia después de mi gobierno? Fue
continuado con entusiasmo por el presidente Uribe, quien ha
seguido recibiendo fondos y equipos para objetivos militares y
sociales de los Estados Unidos.
Aquí también la continuidad de las políticas ha redundado en
resultados sólidos para la democracia colombiana.
El narcotráfico continúa siendo una amenaza no sólo para mi
país, sino para el mundo, y no podemos cantar victoria frente a
este flagelo planetario. Pero ¡cuánto más no habría avanzado sin
la erradicación y fumigación de cientos de miles de hectáreas de
cultivos ilícitos lograda gracias a los recursos y equipos del Plan
Colombia! ¡Cuánto más no habría afectado a nuestro país sin los
programas de desarrollo alternativo que benefician a nuestros
campesinos y a los sectores mas pobres de nuestra población!
En este punto debo hacer un llamado de alerta: El negocio del
narcotráfico no desaparece; se desplaza.
En las década del setenta y el ochenta los mayores productores
de coca en el mundo eran Perú y Bolivia, y Colombia no tenía ese
problema en gran escala. Sin embargo, en la medida en que se
intensificó el control de los cultivos en dichos países, las siembras
se trasladaron a nuestro suelo, donde encontraron, además, el
amparo de grupos guerrilleros y paramilitares. Ahora, cuando,
gracias al Plan Colombia, estamos fumigando o erradicando más
de 200 mil hectáreas de coca por año, los cultivos otra vez están
creciendo en los países vecinos.
Hoy somos tan eficientes en la interdicción aérea, por ejemplo,
que prácticamente ha desaparecido el transporte de droga en
aeronaves, como se usaba en años pasados, en nuestro espacio
aéreo. Pero, ¿qué significa esto? Que el negocio del narcotráfico
busca nuevos nichos para operar y hacer llegar su veneno a los
países consumidores.
Aquí es donde deben tener mucho cuidado los países
centroamericanos y del Caribe, que cada vez más están sujetos a
la acción de los narcotraficantes dentro de sus fronteras. Siempre
he dicho que el problema de las drogas ilícitas no es un problema
de un solo país, sino mundial, y, como tal, debemos darle un
tratamiento global, obrando conjuntamente y en cooperación.
Miremos no más el caso de México, donde la acción de las
mafias de las drogas se ha desbordado, y causa tantas muertes y
dolor como lo hacía antes en Colombia. Es urgente reforzar los
controles de la banca para evitar el lavado de activos. Es
imperioso que se denuncien los bienes de los narcos y se
realicen procesos de expropiación expeditos que beneficien a las
comunidades. Porque el narcotráfico es un negocio y hay que
atacarlo donde más les duele a sus dueños: ¡en su propio bolsillo!
Es necesario también contar con un cuerpo de policía profesional
y unificado que combata este flagelo.
Colombia ha aprendido, a costa de dolor y sangre, grandes
lecciones en la lucha contra el narcotráfico y ha acumulado una
experiencia única, que vale la pena que ustedes estudien y
conozcan, para evitar que el desplazamiento de sus tentáculos de
violencia y corrupción los afecte aún más. Hoy tenemos la
capacidad y la voluntad para asesorar y acompañar a las
naciones amigas del continente en esta lucha, que siempre debe
ser conjunta y coordinada.
Una revolución social.
En el campo social también el Plan Colombia significó una
verdadera revolución silenciosa. Tanto que podríamos decir que
ha sido el plan de acción social más grande de la historia del
país.
Al terminar mi gobierno lo dejamos operando, con recursos
asegurados hasta el año 2003. El presidente Uribe reconoció la
importancia del componente social del Plan Colombia y ha
basado la acción social de su gobierno en muchos de sus
componentes, tales como “Familias en Acción”, que entrega
subsidios directos para alimentación y educación a las familias
más pobres, y “Jóvenes en Acción”, un programa a través del
cual se capacita a los jóvenes desempleados de bajos recursos,
mejorando su posibilidad de inserción en el mercado laboral.
Es más -y esto podemos verlo como una forma adecuada de
concertación política-, el Partido Conservador, al cual pertenezco,
condicionó su respaldo al gobierno Uribe al compromiso de que
se diera adecuada continuidad a programas sociales de la
trascendencia de “Familias en Acción”.
Este programa hoy llega con subsidios directos a más de un
millón 700 mil familias, con cerca de 4 millones de niños, y se
espera que alcance el año próximo la ambiciosa meta de 3
millones de familias beneficiadas.
Sé que el presidente Álvaro Colom estuvo en Colombia hace dos
meses y tuvo oportunidad de conocer éste y otros programas
sociales, que bien podrían replicarse aquí en Guatemala.
Pero los logros sociales de una adecuada continuidad de políticas
no paran ahí. Hemos avanzado consistentemente en materia de
salud y educación, y hoy vemos resultados muy positivos.
Gracias a los incrementos de cobertura alcanzados en la última
década, hoy vemos cercano el día en que todos los colombianos
de bajos recursos se encuentren afiliados al régimen subsidiado
de salud, recibiendo servicios de salud de calidad y
medicamentos gratuitos o a muy bajo costo.
En cuanto a educación, también nos acercamos a una cobertura
del 100 por ciento en educación básica para todos los niños del
país.
No podemos rezagarnos de la era del conocimiento.
Esto me lleva a una reflexión importante. América Latina no
superará su rezago frente a los países desarrollados en tanto no
se concentre en mejorar su desempeño en educación, ciencia y
tecnología.
El científico colombiano Rodolfo Llinás, director y profesor del
Departamento de Fisiología y Neurociencia de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Nueva York, lo resume así:
“La riqueza de un país se mide por el valor del capital humano.
Las riquezas naturales (como el petróleo, por ejemplo) se pueden
ganar o perder. La riqueza básica de un país está dada por el
nivel intelectual de su población”.
El mismo doctor Llinás enfatiza que “los países a los que les va
bien son los que están tecnológicamente desarrollados. Y no
estamos hablando de países históricamente desarrollados, sino
de países que hace 40 años estaban muy mal, pero que en este
momento tienen un nivel perfectamente increíble”.
Aquí tenemos un reto inmenso, estimados empresarios de
Guatemala. Nuestras sociedades tienen que entender que la
única forma de evitar que nos deje el tren de la historia es invertir,
con decisión inquebrantable, en educación, ciencia y tecnología.
Que cada niño, que cada joven, sin importar su estrato social,
tenga un computador y acceso a internet disponible en su
escuela, y ojalá en su misma casa.
Tenemos que cambiar de enfoque: No podemos seguir siendo
sólo economías centradas en la explotación y comercialización de
productos básicos y materias primas.
Mientras seguimos pensando únicamente en términos de
petróleo, productos agrícolas o, incluso, confecciones, otros
países como India y China, o Irlanda, llevan la delantera en la
carrera tecnológica.
Es urgente que cerremos esta brecha tecnológica, en dos
sentidos: Frente a las otras naciones y regiones del mundo, y
entre los mismos habitantes de nuestras naciones.
Confucio decía que “donde hay educación no hay distinciones de
clases”. Nuestra obligación hoy, nuestro desafío como pueblos y
como gobiernos, es que todos nuestros niños y jóvenes no sólo
tengan derecho a la educación sino, también, acceso efectivo a la
tecnología.
Hace unos días se conoció el ranking del Índice de
Oportunidades Humanas, la nueva herramienta diseñada por el
Banco Mundial para medir la cobertura de algunos servicios
básicos y la desigualdad de oportunidades para personas de
entre 0 y 16 años.
Entre 19 países de América Latina, los más altos índices de
oportunidades humanas se encontraron en Chile y Argentina, en
tanto los más bajos fueron los de Nicaragua y Guatemala.
Colombia ocupó el puesto número siete.
Particularmente preocupante es ver cómo esta querida nación de
Guatemala aparece última en las variables educativas, tales
como la terminación del grado sexto a tiempo, y la asistencia
escolar entre 10 y 14 años.
Como un invitado a esta reunión empresarial, pero con afecto de
latinoamericano, quiero llamar la atención de ustedes, amigos
guatemaltecos, sobre la urgente necesidad de que se concentren
en la mejoría de la cobertura y la calidad de la educación, como
fundamento para alcanzar un futuro más próspero y más
igualitario.
La empresa privada tiene muchas formas de involucrarse en este
tema: desde la concesión de becas, y la construcción y patrocinio
de escuelas, hasta el aporte de computadores y material
tecnológico que impulse a la población a entrar con herramientas
adecuadas a la era del conocimiento, que es la que hoy vivimos.
Durante mi gobierno, por ejemplo, ideamos un innovador
programa que llamamos “Computadores para Educar”, -que
todavía sigue vigente-, a través del cual las empresas donan los
computadores que remplazan por modelos más nuevos, para que
sean adecuados y actualizados, y se entreguen a escuelas que
atienden niños de familias de bajos recursos.
Éste es sólo un ejemplo de cómo, con acciones imaginativas,
siempre podemos poner un grano de arena para que nuestros
niños y jóvenes puedan competir con éxito en la carrera por el
futuro.
Fuerzas Armadas que producen resultados.
Siguiendo con el relato sobre la forma en que Colombia viene
enfrentando los más difíciles desafíos mediante una política de
continuidad, veamos ahora el tema de la seguridad.
Para un observador desprevenido, mi gobierno y el del presidente
Uribe parecen completamente opuestos en esta materia. Mientras
en el mío se privilegió la búsqueda de la paz mediante el diálogo,
en el de mi sucesor se ha dado prioridad a una respuesta militar
frente a los grupos terroristas.
Sin embargo, como dije antes, el tema no es tan simple ni hay tal
contradicción. Durante mi gobierno, al tiempo que adelanté el
proceso de paz, puse en marcha el proceso de fortalecimiento y
modernización de nuestras Fuerzas Armadas más importante de
nuestra historia.
Dentro del objetivo de recuperar el monopolio de la fuerza en
manos del Estado, construimos un ejército fuerte: fuerte para la
paz que buscábamos, y fuerte para la guerra, si así lo exigía la
intolerancia de los grupos violentos.
Fue así como, bajo mi administración, se incrementó el pie de
fuerza en un 60% y el número de soldados profesionales en un
150%. Se cuadruplicó el número de helicópteros artillados y se
dotó a la Fuerza Pública de cerca de 100 helicópteros para
transporte de tropas.
También creamos en dicho cuatrienio la Fuerza de Despliegue
Rápido -Fudra-, la Brigada Fluvial y la Brigada Antinarcóticos; se
dio nueva vida a la Infantería de Marina, y comenzaron los
batallones de alta montaña.
Es cierto que hicimos una apuesta inmensa por la paz, como lo
pedía entonces el pueblo colombiano. Pero ese esfuerzo por la
paz no significó el compromiso de la soberanía nacional ni la
entrega incondicional de un territorio.
Por el contrario, al tiempo que intentamos alcanzar la paz con
audacia, se fortalecieron, como nunca, las Fuerzas Armadas para
la seguridad.
Se fortalecieron en hombres y en equipos, pero también en un
aspecto intangible tan importante como los anteriores: en respeto
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Gracias a este énfasis, hoy las Fuerzas Armadas colombianas,
aún en medio del difícil conflicto armado, son tal vez las más
preparadas del continente en estas materias.
¡De qué sirve ganar una guerra si se pierde el alma! En Colombia
tenemos claro que no podemos combatir a los terroristas con el
mismo juego sucio que ellos utilizan: secuestros, reclutamiento de
menores, minas antipersona, armas no convencionales… Nuestra
lucha la libramos bajo las reglas humanitarias del conflicto,
porque sólo respetando las instituciones podemos salvar las
instituciones.
Con estas Fuerzas Armadas renovadas, que siguieron creciendo
y modernizándose bajo el nuevo gobierno, el presidente Uribe ha
adelantado su Política de Seguridad Democrática, y ha logrado
los resultados que hoy aplauden los colombianos.
La política de seguridad se ha convertido en una política de
Estado que ha devuelto a los colombianos la tranquilidad y a los
inversionistas la confianza. Es, sin duda, una política que va a
continuar en el futuro, -sea cualquiera el gobierno que suceda al
actual-, porque está firmemente arraigada en el pueblo
colombiano.
Una economía estable.
Esto nos conduce a un último tema, donde también la continuidad
ha sido la regla: la economía.
Colombia se ha consolidado como una de las economías más
estables del continente. De acuerdo con el Banco Interamericano
de Desarrollo, entre 1930 y el 2005 Colombia tuvo una tasa
promedio de crecimiento de su Producto Interno Bruto del 3.2%,
con un único año de crecimiento negativo, que fue 1999. Entre
1980 y 2005 el incremento del PIB promedio fue del 3.1% frente a
un promedio latinoamericano del 2.5%.
Y los últimos años han sido aún mejores, con crecimientos del
6.8% en 2006 y del 7.5% en 2007.
Nunca hemos incumplido nuestras obligaciones internacionales y
nunca hemos experimentado la hiperinflación que caracterizó a
otros países de la región.
En este aspecto sí que ha sido importante el tema de la
coherencia de las políticas: saber mantener el rumbo de la
seriedad y la responsabilidad económica, gobierno tras gobierno,
sin sobresaltos ni cambios repentinos en las reglas del juego.
Durante mi mandato logramos bajar la inflación -que es el
impuesto más costoso para los pobres- a niveles de un dígito,
pasando del 18%, que encontré, al 7% con que cerró el año 2002.
Hoy se mantiene más o menos al mismo nivel.
También disminuyeron las tasas de interés, que superaban el
60% en créditos de consumo y que logramos bajar en más de 30
puntos, con lo cual se reactivó el crédito y se estimuló la
inversión. Además, por la seriedad y coherencia de la política
cambiaria que se adelantó, pudimos liberar la tasa de cambio,
que desde entonces viene siendo fijada por el mercado.
Ahora que los mercados mundiales tambalean con la crisis de
Wall Street, es inevitable recordar la crisis financiera rusa de
1998, cuyos efectos me correspondió lidiar recién llegado al
Gobierno, aunados a los problemas internos que generaban unas
tasas de interés tan altas que hacían los créditos impagables y
que ponían en riesgo el sector financiero y cooperativo.
Con medidas de emergencia y un enérgico tratamiento evitamos
que el sector financiero en Colombia cayera en una crisis
sistémica, gracias a lo cual hoy continúa fuerte y consolidado,
presentando importantes utilidades a pesar de los huracanes
externos.
Para impedir esta crisis tuvimos que invertir unos 7.6 billones de
pesos (alrededor de 3.800 millones de dólares) -de los cuales 5
billones se destinaron a proteger el ahorro de la gente en la
banca pública, 1.8 billones a aliviar la situación de los deudores
hipotecarios del antiguo UPAC, 0.4 billones a la situación de la
banca privada y 0.4 billones al sector cooperativo-. Sin embargo,
el costo fiscal de impedir dicha crisis fue demenos del 1% del PIB,
sustancialmente menor que el que tuvieron que pagar otras
economías en similares circunstancias, que superan casi todas el
10%. Así salvamos los ahorros de millones de colombianos y la
vivienda de cerca de 800 mil familias con créditos hipotecarios.
Ahora bien, en cuanto al tema de las relaciones económicas
internacionales, yo siempre he dicho: “Colombia, más que ayuda,
necesita comercio”. De hecho, este lema, fue parte esencial del
Plan Colombia, que propugnaba por un comercio más amplio y
más justo. Obramos en consecuencia, abriendo nuestros
mercados a la libre competencia y a la integración.
Cuando vimos que la iniciativa del Área de Libre Comercio para
las Américas –Alca- no tenía un porvenir asegurado, por las
resistencias de algunos países, desde mi Gobierno lanzamos la
idea de firmar un tratado de libre comercio con los Estados
Unidos que hiciera permanentes las ventajas de que ya
gozábamos por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas.
Como Embajador ante los Estados Unidos, ya en mi condición de
ex Presidente, tuve oportunidad de acompañar los últimos meses
de discusión del TLC con dicho país, el cual hoy está a la espera
de ser estudiado y aprobado por el Congreso estadounidense,
infortunadamente sometido a los vaivenes electorales.
Lo cierto es que, en tiempos de globalización como los actuales,
ningún país puede prosperar escondido bajo la cortina del
proteccionismo. Tenemos que estimular las ventajas
comparativas y buscar complementariedades que hagan posible
una exitosa inserción en la economía mundial.
En Colombia estamos convencidos de las ventajas del libre
comercio y tenemos vigentes acuerdos de libre comercio con
México, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador y los países de
la Comunidad Andina. Recientemente terminamos negociaciones
con Canadá y los países de la Efta (Suiza, Noruega, Islandia y
Liechtenstein). Y nos alistamos a negociar con la Unión Europea.
Además, -a diferencia de algunos países de la región, hostiles al
capital extranjero- en Colombia hemos confiado siempre en las
bondades de la inversión extranjera como generadora de
progreso y empleo. Eso sí, tenemos claro que no hay inversión
sin estabilidad ni reglas de juego definidas.
Es bueno poder decir que en Colombia existe una ley de
estabilidad jurídica para los inversionistas, y que tenemos
firmados acuerdos de promoción y protección recíproca de
inversiones con España, Perú y Suiza, además de las cláusulas
en dicho sentido que muchas veces se incluyen en los tratados
de libre comercio.
Durante mi gobierno establecimos, además, un atractivo y
equitativo sistema de contratación para la exploración petrolera,
que hizo despegar este rubro de nuestra economía. Hoy vemos
que la principal actividad receptora de recursos del exterior es la
industria petrolera, por la que recibimos 2.093 millones de dólares
de inversión, no más en el primer semestre de este año.
De hecho, entre enero y junio Colombia ha recibió una inversión
extranjera directa de 5.429 millones de dólares, un 27% más que
en el mismo periodo del año anterior.
Juan Carlos Echeverry, destacado economista que fue jefe del
Departamento Nacional de Planeación durante mi gobierno,
explica su optimismo sobre el futuro de la economía colombiana
bajo el argumento de que “ha habido por una década, desde 1998
hasta el 2008, un manejo consistente de la economía, y que
esperamos que las lecciones aprendidas hayan permeado las
mentes de un amplio espectro político en Colombia”.
Según Echeverry, los puntos centrales de esta coherencia
económica son: “manejo serio y conservador de los asuntos
económicos; libertad de precios que reflejen las realidades del
mercado y no distorsiones antojadizas de burócratas; gasto social
focalizado que acerque a los más pobres al mercado y a la
prosperidad; independencia del manejo monetario en cabeza del
banco central, que defienda el valor real de los ingresos;
flexibilidad del comportamiento cambiario; responsabilidad en el
ámbito fiscal; autonomía de la regulación de los servicios
públicos; privatización parcial (o total) de muchos servicios antes
prestados ineficientemente por el Estado; prioridad de la
seguridad personal, familiar y nacional; estabilidad en las reglas
del juego económico y jurídico; pérdida de apoyo de las opciones
no democráticas de grupos extremistas y terroristas; nuevos
énfasis en mejoramiento de infraestructura y logística, y atracción
de inversión extranjera y orientación exportadora”.
Como se ve, se trata de una amplia receta que ha calado hondo
en la mentalidad de los colombianos, tanto que resulta
improbable que cualquier futuro gobierno, sea de la tendencia
política que sea-, se aparte de estos conceptos que han
dominado nuestra economía en los últimos años.
Puede que haya cambios de énfasis, mayor acento en
determinados aspectos y menor compromiso con otros, pero, en
líneas generales, también la política económica -al igual que la
política de paz, la de seguridad y la social- tiende a prolongarse
en una sana continuidad que garantiza el logro de las metas
propuestas, incluso las de más largo plazo.
Ésta es mi respuesta a la “paradoja de Colombia”, un país que, a
pesar de los violentos y del narcotráfico, mira con optimismo su
futuro, confiado en el talento de su gente y en la fortaleza de sus
instituciones democráticas.
Si, como decía Fuentes, refiriéndose a América Latina, -en la cita
que hice al iniciar estas reflexiones-, “nuestra vida política y
económica es la historia de múltiples fracturas, una tras otras”, la
solución radica en evitar los saltos bruscos que impiden que
sanen dichas fracturas y en actuar siempre dentro de los cauces
de la democracia, consolidando políticas responsables llamadas a
convertirse en Políticas de Estado.
Un sector privado actuante y solidario.
Ahora bien, no quisiera terminar estas palabras ante el
empresariado guatemalteco sin llamar su atención sobre la
inmensa oportunidad que tiene el sector privado para contribuir a
estos fines de estabilidad democrática, económica y social.
Si he hablado de la forma como en Colombia hemos ido
construyendo consensos fundamentales sobre los principales
desafíos que afrontamos, ellos se deben en buena parte a la
labor siempre proactiva y constructiva del sector privado,
representado en el Consejo Gremial por los diversos gremios de
la industria, del comercio, del agro, de los servicios, que, al
tiempo que propenden por los intereses de sus afiliados, velan
también por el mantenimiento del buen curso del país.
Porque ningún gremio, ninguna empresa, puede florecer en una
barca que se hunde.
Con dicha conciencia, los empresarios de Colombia -y estoy
seguro de que así mismo lo hacen los empresarios de
Guatemala-, son verdaderos apoyos de los gobernantes para
superar coyunturas difíciles y destacados voceros de la sociedad
civil, que ve en ellos una voz calificada, sensata y cercana, que
vela por sus intereses.
Estimados amigos:
Reitero mi gratitud por esta amable invitación y espero que la
experiencia de que he dado cuenta, en uno de los países más
conflictivos y al tiempo más esperanzadores del continente -
Colombia-, haya aportado algunas luces que iluminen el camino
que hoy transita Guatemala, una nación que se merece toda la
felicidad y todo el progreso.
Muchas gracias
